ILGA
in NICARAGUA, 29/01/2014
Nicaragua fue el último país de la región en despenalizar la homosexualidad al entrar en vigencia en junio del 2008 el nuevo Código Penal que derogó el artículo 204 que castigaba con tres años de cárcel las relaciones sexuales entre hombres. Sin embargo, todavía no existen las garantías necesarias para que las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) sean consideradas sujetos de derecho.
En el 2009 fue creada la Procuraduría Especial de la Diversidad Sexual como parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y nombró a la activista lesbiana Samira Montiel Sandino como la primera titular de esa instancia.
“Una muestra de la voluntad política de parte del Estado nicaragüense ha sido iniciar un proceso restitutorio de derechos de la comunidad LGBTI”, dijo Montiel en entrevista con la organización activista CiudadaníaSX. “En el país existen altos niveles de violencia contra lesbianas, trans y gays, además se les niegan sus derechos fundamentales, así como, en el caso de las [personas] trans, el reconocimiento a su identidad de género”.
Montiel considera que uno de sus grandes retos es “vencer la discriminación institucionalizada en Nicaragua, no sólo referida a instituciones sino también al ciudadano promedio, que está vinculado a romper la herencia patriarcal heredada. Debemos combatir la cultura patriarcal heredada, apostar por nuevos paradigmas rompiendo la dicotomía biologista que nos han impuesto. Solamente respetando los derechos de lesbianas, trans, bisexuales, intersexuales y gay estaremos en presencia de una verdadera democracia”.
Discriminación galopante
No obstante esos avances, para colectivos como la Comunidad Homosexual de Nicaragua (CHN) “la discriminación continúa galopante en el país”, según señala en su informe 2013 sobre Diversidad Sexual en Nicaragua.
Además de denunciar casos de crímenes de odio ocurridos en los departamentos de Chinandega y Matagalpa, la CNH denunció el bloqueo por parte del gobierno del financiamiento a proyectos de defensa de los derechos de la comunidad LGBTI por parte de la cooperación internacional.
Para la CNH, se ha instaurado en Nicaragua “una clara política de homofobia de Estado”.
Durante un Foro sobre Transgeneridad realizado en diciembre, Montiel anunció que la Procuraduría a su cargo se encontraba elaborando un anteproyecto de ley de identidad de género que permitiría garantizar el derecho a una identidad a personas transexuales.
“Un persona, dependiendo del género con el que se identifique, va a ser reconocida en su documento o cédula de identidad”, dijo Montiel. “Si logramos aprobar esta ley, otro desafío será educar a nuestra sociedad en el respeto hacia la identidad de género, aunque en ese particular creo que la sociedad nicaragüense ha ido avanzando”.
No obstante, Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, manifestó que “tenemos dudas grandísimas de que esto pueda ser una realidad, aún con la promesa de algunos diputados”, agregando que el tema debe ser ampliamente debatido y no quedarse “entre cuatro paredes”.
“Creemos que las leyes no sólo deben ser discutidas con las personas que visiblemente están tocadas por esas leyes, deben ser de amplia discusión”, dijo.
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